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BUENOS AIRES (AFP) - La Confederación argentina de Trabajadores del Transporte anunció un boicot contra las empresas españolas radicadas en el país, en rechazo a acusaciones de directivos del grupo ibérico Marsans, que responsabilizaron a los sindicatos por los problemas de Aerolíneas Argentinas.

La entidad, que nuclea a gremios de transporte aéreo, marítimo y terrestre, y cuyo titular es el sindicalista Omar Viviani, aliado del gobierno, afirmó en un comunicado que iniciará "un plan de lucha con boicot a las empresas españolas radicadas en Argentina".

La nota acusó a Marsans por el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas (AA), y advirtió que la situación de la línea de bandera "pone en peligro miles de fuentes de trabajo y la continuidad de la prestación de este esencial servicio".

La confederación gremial se manifestó a favor de la recuperación de la aerolínea privatizada en los años 90 por parte del Estado.

Además, llamó a una movilización aún sin fecha ante la Embajada de España en Buenos Aires, y se declaró en estado de asamblea permanente.

Ejecutivos de AA defendieron el miércoles su gestión en la empresa y acusaron a los sindicatos por el alto nivel de conflictividad de la Compañía, ante comisiones del Congreso, que analiza el proyecto gubernamental de reestatización de AA, actualmente en bancarrota.

El español Vicente Muñoz, miembro del Consejo de transición consensuado con el Estado mientras se concreta la reestatización, explicó que Marsans decidió abandonar AA debido al "alto nivel de conflictividad" presentado por los sindicatos, en especial de pilotos, a cuyas protestas atribuyó las grandes pérdidas de la empresa.

El directivo aseguró en los últimos 12 meses Marsans perdió 280 millones de dólares por los conflictos con los trabajadores.

El Gobierno argentino firmó el 21 de julio pasado el acuerdo que reestatiza AA y Austral, en quiebra tras siete años de administración de Marsans y con un pasivo de 890 millones de dólares, según cifras del ministerio de Economía.

AA fue privatizada en 1990 y adquirida por la española Iberia. En octubre de 2001 Marsans pasó a controlar la compañía con casi 95% de las acciones, por un valor simbólico de un dólar, mientras que el Estado aportó un subsidio de 700 millones de dólares para cubrir pasivos.

Entre los directivos que acusan a los sindicatos de la conflictividad de Aerolíneas están Jorge Molina, Director de Asuntos Públicos (ex- TBA) y Esteban Maccari, que formaba parte del directorio (también ex TBA).