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QUITO. El Gobierno ecuatoriano ha hecho un llamamiento a los miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN, formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) en particular, y a todos los países de América Latina en general para que adopten una posición conjunta de rechazo a la nueva directiva de retorno de inmigrantes en situación irregular aprobada por la Unión Europea.

"El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha realizado un llamado a nuestros países hermanos de América Latina para que se sumen a esta posición de rechazo, mediante la cual podamos defender, con la mayor energía y eficacia, la dignidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su movilidad", afirmó el Gobierno ecuatoriano en un comunicado de prensa.

Para las autoridades ecuatorianas, la directiva de retorno que se aprobó a principios de junio supone un "franco retroceso" en materia de protección y garantía de los derechos fundamentales, al ampliar los plazos de retención de extranjeros indocumentados, al facilitar mecanismos para su deportación forzosa y al debilitar el derecho a la asistencia jurídica de los inmigrantes retenidos.

CONDICIONES

En este punto, advirtió que las negociaciones para la firma de un acuerdo de asociación entre la CAN y la UE deben tener como condición para su avance, la discusión de esta decisión que ha sido calificada, según el Gobierno ecuatoriano, como la "directiva de la vergüenza". "La realidad migratoria debe ser hoy uno de los ejes fundamentales en la construcción de la integración latinoamericana", subrayó.

Así, tras expresar su "gran preocupación" por la tendencia general y creciente a criminalizar la movilidad humana, recordó que muchos países europeos experimentaron históricamente fases emigratorias y que en los últimos decenios acogieron en su seno a trabajadores y trabajadoras migrantes para expandir sus economías y asegurar la sostenibilidad de sus sistemas de seguridad social y pensiones.

En este sentido, Ecuador criticó que ahora muchos de esos países estén cediendo a la tentación liderada "por algunos gobiernos" que pretenden aplicar y extender lógicas de "persecución, encierro y expulsión" de personas en situación de irregularidad administrativa, con la adopción conjunta de nuevas medidas que socavan sus derechos y que acrecientan su situación de vulnerabilidad e indefensión.

"DIÁLOGO FRANCO, CONSTRUCTIVO Y HORIZONTAL"

"Ecuador propone la apertura urgente de un diálogo franco, constructivo y horizontal entre los países de origen, tránsito y destino de los procesos migratorios, mediante el cual se puedan revisar estas medidas y adoptar políticas comunes, verdaderamente consensuadas, que aborden desde un enfoque integral los aspectos estructurales que motivan las migraciones masivas forzadas", afirmó.

Además, el Ejecutivo de Rafael Correa consideró que las medidas aprobadas bajo la directiva de retorno tendrán, a su juicio, un previsible efecto de "discriminación y estigmatización" general de los extranjeros, y supondrán un "franco retroceso" en los procesos de integración y de avance hacia la interculturalidad en los países europeos.

Correa ha expresado en reiteradas ocasiones no hay seres humanos ilegales, sino prácticas que vulneran los derechos de las personas, y que las migraciones suponen, tanto para las sociedades de origen como para las de acogida, extraordinarias oportunidades para el desarrollo económico y cultural, que implican beneficios compartidos y realizan progresivamente el ideal de una ciudadanía universal.