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WASHINGTON - El Gobierno de Washington no cede y persiste en la estrategia de verificar el empleo de millones de trabajadores y determinar si cuentan o no con permiso válido de estadía en Estados Unidos.

De hacerlo, activistas por los derechos de los inmigrantes y sindicatos, temen que miles pierdan el empleo, y que la medida, a su vez, arrastre a muchos negocios a que cierren sus puertas, reportó la Agencia Española de Noticias, Efe. 

Se agota el plazo

El departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS) tiene previsto divulgar, a más tardar en junio o julio próximos, el reglamento definitivo que exige que las empresas verifiquen el estatus migratorio de sus empleados o tomen medidas para corregir errores en sus archivos.

El reglamento de la verificación de empleo señala que las empresas deben verificar el número de Seguro Social de sus empleados y/o corrijan cualquier error o discrepancia que exista con los datos de una base de datos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

El plan fue ideado como parte de las políticas de seguridad nacional implementadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Pensylvania y Washington D.C.

Clima de desconfianza

Pero el optimismo del gobierno choca con el escepticismo de grupos pro inmigrantes, defensores de los derechos civiles  y organizaciones sindicales, quienes rechazan el plan y no confían en la base de datos del gobierno.

Recientemente, Carlos Saavedra, de la Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition (MIRA), dijo a Univision.com que a medida que el gobierno implemente los sistemas de verificación de empleo, en la misma medida aumentarán las redadas.

"Lo que vamos a ver con esto es un abuso completo. Muchos trabajadores serán despedidos, habrá una dislocación tremenda en la economía, porque estamos hablando de aproximadamente del 10 o 12 por ciento de la mano de obra de este país, que es indocumentada", dijo Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).

"Es una tragedia para los inmigrantes", agregó.

Poco después de la puesta en vigor de la primera fase del programa de verificación de empleo, en 2003, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (AILA) emitió varios comunicados en los que advirtió que el plan contenía errores "graves" y "peligrosos".

AILA precisó que el programa piloto, desarrollado por el DHS, fue revisado y cuestionado en 2004 por el General Accounting Office (GAO, Oficina del Inspector General de la Fiscalía de Estados Unidos) y pidió al gobierno extender las revisiones por un mínimo de seis meses, pero que la solicitud no fue atendida.

La revisión, dijo AILA, fue requerida "debido a defectos" en el diseño del sistema de verificación.

La asociación también advirtió que el plan republicano dio poderes especiales a los gobiernos estatales y locales "para usar el programa y comprobar el estatus de inmigrantes y ciudadanos", funciones que por ley le corresponden sólo al gobierno federal estadounidense.

Freno legal temporal

La verificación de empleo, por ahora, se encuentra detenida por orden de un tribunal federal tras una demanda interpuesta por la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) la mayor confederación de sindicatos de Estados Unidos, quien demandó al DHS para que cancele el envío de la correspondencia y, por ende, el sistema de verificación de empleo.

Efe dijo que una vez entre en vigor el reglamento, las empresas tendrán un plazo de 90 días para contestar a las cartas de advertencia que reciban de la SSA, en las que advierta sobre números de seguro social que no cuadren con los datos aportados por el trabajador.

Se estima que el DHS enviará cartas a unas 140 mil empresas en todo el país, lo que afectaría a unos 8 millones de trabajadores.

Esas cartas sobre la "incompatibilidad" de los datos, conocidas en inglés como "no-match letters", han puesto a la defensiva al Gobierno de Bush y han incrementado la repulsa de grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes.