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Este año la OMS ha dedicado el día de la salud a la crisis mundial en los recursos humanos del sector.
Según el subdirector general Tim Evans "... décadas de anemia inversora en la formación, remuneración, condiciones de trabajo y gestión de esos profesionales (...) han provocado una grave carencia de personal con conocimientos clave y un nivel creciente de cambios de profesión, jubilaciones anticipadas y migraciones nacionales e internacionales".
Si bien el problema afecta en mayor o menor medida a todo el planeta, la situación es muy distinta según se trate de países ricos o pobres. El 9,7% de la fuerza de trabajo en la Unión Europea es del sector de bienestar social, sanidad incluida. En España, por ejemplo, a cada médico colegiado le corresponden de 250 a 275 habitantes. No parece pues que nos enfrentemos a un déficit absoluto, sino a distorsiones en la distribución de los profesionales, por especialidades, funciones y territorios.
Los conflictos laborales de estos días ponen de relieve deficiencias específicas en la gestión de los recursos humanos, algunas de ellas particularmente llamativas como la inexistencia de un sistema de información de recursos humanos del sistema nacional de salud, como destacan Beatriz González y Patricia Barber en el capítulo 'Los recursos humanos y sus desequilibrios mitigables' del informe SESPAS. Ni siquiera disponemos de un registro de profesionales sanitarios en activo, información imprescindible para analizar adecuadamente la situación y racionalizar las eventuales soluciones.
De ahí que cada cual vea de arrimar el ascua a su sardina aportando aquellos datos que más justifican sus reivindicaciones. Todo lo cual no quita para reconocer que las condiciones de trabajo de la mayoría de los profesionales son inadecuadas. Pero aunque algunas de las situaciones más dramáticas se puedan aliviar a corto plazo, hace falta bastante coraje para alcanzar una solución más duradera. Lo que se echa en falta es una verdadera política de recursos humanos, es decir, cuál es el papel de los profesionales en el sistema. Todavía más, cómo se reorienta la sanidad, más ocupada en sobrevivir y expansionarse que en los problemas de salud de la población.
Precisamente, el lema escogido para la ocasión, "Trabajando -o colaborando- juntos por la salud", apunta la conveniencia de establecer una estrategia basada en las necesidades de la población y que asuma las limitaciones del sistema sanitario, al que no es lógico que se le pidan respuestas fuera de su alcance y cuyas actividades casi nunca son inocuas. De la misma manera que en el ejército al soldado el valor se le supone, a los sanitarios se nos supone benéficos para la salud de la población, lo que es cierto respecto de las intenciones, pero abusivo en cuanto a los resultados. Algo sabido desde los tiempos de Hammurabi y que de tanto en tanto se recuerda, como el célebre informe Errar es humano del Instituto de Medicina hace apenas cinco años.
De ahí la conveniencia de evaluar adecuadamente el impacto de las intervenciones sanitarias, que, dadas sus características, llevan a cabo básicamente trabajadores y profesionales. Lamentablemente, no sabemos con suficiente detalle qué parte del trabajo de los sanitarios se traduce en mejoras reales de salud en la población. Aun cuando los intangibles sean, en este caso, razonablemente elevados, la mera existencia de estos profesionales y de un sistema sanitario público ya es positiva, por la seguridad que comporta disponer de unos servicios sanitarios a los que acudir en caso de infortunio.
Es probable que el sistema sanitario público deba adaptar su orientación si quiere seguir siendo viable y no sólo, ni principalmente, por cuestiones económicas, sino más bien por su (in) efectividad y su (in) equidad. Junto a los innegables progresos técnicos y científicos que en muchos casos son espectaculares, la respuesta del sistema sanitario frente a los problemas de salud más frecuentes es, como mínimo, discutible.
La asistencia que se proporciona a los pacientes crónicos, particularmente a los mayores, y, sobre todo, a los enfermos terminales, es un ejemplo de lo mucho que se puede gastar sin que ni los profesionales ni los afectados se sientan satisfechos. Pero también podemos considerar la gran cantidad de recursos -en dinero y en esfuerzo- que el sistema sanitario público destina a la prevención de factores de riesgo como la hipertensión arterial o las dislipemias, buena parte de los cuales resultan baldíos debido a la ausencia de orientación comunitaria de las intervenciones. Así pues, parece conveniente incorporar la perspectiva comunitaria tanto al componente asistencial como al de salud pública y establecer vínculos operativos entre sectores hasta ahora insuficientemente relacionados como los de salud mental y atención primaria.
En este contexto las responsabilidades nos alcanzan a todos. Huelga mediante o no, los profesionales se declaran desmotivados. La ausencia de incentivos económicos no es despreciable, como tampoco lo son las condiciones de trabajo y las cargas burocráticas, muchas veces incomprensibles; pero tal vez es peor la falta de estímulos para llevar a cabo sus funciones profesionales. En este sentido, quizá parte del desencanto de muchos clínicos tenga que ver con las expectativas que hacen de la medicina una ciencia -si no algo casi milagroso- más que una profesión dedicada a la atención de los pacientes.
La crisis de los recursos humanos de la sanidad no es, como la salud misma, asunto exclusivo de los sanitarios, sean políticos, gestores, profesionales o académicos. Es cuestión de todos y va siendo hora de poner las cartas encima de la mesa si no queremos que nos explote entre las manos.