LAKE FOREST, California. – La camioneta blanca entra lentamente en la playa de estacionamiento de una tienda e inmediatamente la rodea una treintena de jornaleros hispanos que se ponen a negociar con el conductor. Segundos después, otra turba se avalancha sobre el vehículo.
Blancos, cincuentones, toman fotos y hablan de leyes laborales.
"Si contratas trabajadores ilegales, pondremos tu foto en la internet", advierte Robin Havidston, administrador de propiedades que se convirtió en activista migratorio tras asustarse por el número de latinos en su comunidad.
"Yo contrato legales", dice el conductor en inglés mal hablado. Más tarde se identifica como iraní.
"Pero esta gente no es legal", replica el manifestante Gerry Nance, al entregar al conductor un manojo de formularios. "Tiene que verificar todo esto para asegurarse".
El conductor menea la cabeza y se va. Los trabajadores regresan a la pared de la tienda, frustrados pero con la esperanza de que los manifestantes se vayan y les permitan ganarse el jornal del día.
Furiosos por la política del gobierno federal de cara a la inmigración ilegal, temerosos de que los indocumentados depriman los escalas salariales, grupos derechistas que abogan por la reforma migratoria están ampliando su radio de acción, de la frontera entre Estados Unidos y México a los lugares de trabajo en el Sur de California, Texas, Virginia y hasta ciudades del norte como Chicago.
El objetivo tiene dos objetivos: impedir que las empresas, por vergüenza, sigan contratando indocumentados y obligar al gobierno a aplicar la ley.
"Sabíamos que debíamos atacar en dos frentes para obligar al gobierno a ocuparse de este problema", dijo Chris Simcox, un ex maestro de escuela y fundador de los Minutemen, que iniciaron las patrullas civiles de la frontera con Arizona el año pasado y ahora se concentran en los empleadores. El objetivo del grupo, cuyo nombre proviene de una milicia de la guerra de independencia, es "filmar, denunciar e incomodar las empresas que violan la ley".
Estas tácticas enfurecen a los empresarios, que amenazan con iniciar juicios.
"Son ataques personales, todos falsos", dijo Elías Zepeda, gerente contable de Strong Terminators, una empresa exterminadora de insectos de Downey, California denunciada en wehirealiens.com. "Por eso acudimos a los abogados".
Una decena de empresas denunciadas en esas páginas se negaron a hacer declaraciones. El dueño de una de ellas dijo que nunca contrató indocumentados y que se aprestaba a iniciar juicio por difamación a wehirealiens.com.
Si bien las autoridades de inmigración han tratado de fortalecer la seguridad en la frontera con miles de agentes nuevos, es infrecuente que detenga a los ilegales en sus lugares de trabajo y más aún que aplique multas a las empresas que los contratan.
En los 90 se detenía en promedio a 200 trabajadores por semana, cifra que descendió a ocho por semana en 2003, el último año del cual se dispone de cifras.
Los conservadores alarmados por la inmigración ilegal comprenden que perseguir a las empresas puede ser más importante que reforzar la frontera, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Inmigración, partidario de reducir la inmigración y de aplicar la ley con mayor rigor.
"Estos grupos nuevos indican una mayor habilidad para participar en el debate sobre inmigración", dijo Krikorian.
Los funcionarios de Inmigración y Aduanas reciben las denuncias telefónicas y las fotos, pero éstas no suelen ser lo suficientemente verificables para iniciar una investigación, dijo Bill Riley, jefe de la oficina encargada de aplicar la ley en los centros laborales.
"Les preguntamos, ‘¿cómo saben que son ilegales?’, dijo Riley. "Si responden que ‘tienen cara de extranjeros’, evidentemente no es suficiente".
Aunque aún no se puede evaluar su impacto, los manifestantes con cámaras aparentemente han logrado reducir el número de trabajadores contratados en un día cualquiera.
Durante las tres horas que duró una protesta reciente organizada por el grupo Fire Coalition en Lake Forest, una comunidad 80 kilómetros al sur de Los Ángeles con una gran población latina, sólo un empleador les hizo caso omiso y tomó a un jornalero.
Una decena de camionetas de empresas constructoras se acercaron, para alejarse rápidamente.
"Nadie consigue trabajo cuando vienen ellos", dijo Fernando Gómez, un jornalero. Los manifestantes "ni siquiera permiten que los patrones se nos acerquen, pero nosotros sabemos que sus chicos no van a hacer este trabajo duro".
Gómez, de 30 años, oriundo de Michoacán, México, dijo que él y la mayoría de los jornaleros que conoce entraron ilegalmente a Estados Unidos.
"Pero algún día seremos legales", dijo. "Sólo queremos trabajar. No vinimos a hacerle mal a nadie".
Los grupos antiinmigración con sus cámaras y manifestaciones "son un dolor de cabeza", dijo Víctor Narro, director de un centro de la Universidad de California en Los Ángeles que defiende los derechos de los jornaleros. "Pero son parte de la realidad inmigratoria de hoy".